Entre debate soberanista, anuncio efímero de bajada de impuestos de 35 minutos, final de crisis,
fuga de Aguirre (por cierto, qué rentable le está saliendo) y demás, a los
ciudadanos “normales” de este país (casi 47 millones, a pesar de familia real, banqueros, grandes empresarios, grandes fortunas, Conferencia Episcopal, políticos, 10.000 aforados…) nos van despistando y nos la cuelan, día sí y otro también,
sin apenas despeinarse.
La penúltima que nos
han metido es con las ayudas públicas al rescate de la banca, ya
que según un informe del Tribunal de Cuentas,
los recursos públicos “empleados o comprometidos" en la reestructuración de
entidades financieras entre 2009 y 2012 ascenderían a 107.914 millones de euros, un 75% más de los 61.366 millones que
cuantificó el año pasado el Banco de España, al añadir en esas ayudas otras partidas
como la protección de activos, líneas de créditos o el coste de los famosos
test de estrés.
En el citado
informe, el Tribunal de Cuentas también se
muestra muy crítico con determinadas actuaciones del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) al que acusa de falta de control y de no actuar con la
debida diligencia y al que recomienda “asegurar la defensa del interés público”
y ser más diligente para proteger el dinero del contribuyente. Todo ello, además,
detallando los honorarios que han percibido sus consejeros y gestores por desarrollar tal trabajo.
Por supuesto, cómo era de esperar, al FROB le ha faltado tiempo para desmentirlo.
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